El brutal negocio de la Mafia maderera, aborda un tema de gran importancia para el medio ambiente y la seguridad pública: el comercio ilegal de madera. Este negocio es un problema global que genera grandes cantidades de dinero para las organizaciones criminales, mientras que a la vez contribuye a la deforestación y al cambio climático.
El documental muestra cómo el comercio ilegal de madera se lleva a cabo en países como Rumania y Camboya.
En Rumania, se calcula que la mitad de los árboles se talan ilegalmente. La tala ilegal es realizada por la mafia maderera, que utiliza métodos violentos para expulsar a los habitantes de las zonas forestales y para intimidar a las autoridades.
Para combatir el comercio ilegal de madera, es necesario abordar el problema desde diferentes frentes. A continuación, se presentan algunas posibles soluciones:
Fortalecer la cooperación internacional. Es necesario que los países trabajen juntos para coordinar sus esfuerzos de control y persecución del comercio ilegal de madera.
Mejorar la trazabilidad de la madera. Es necesario crear sistemas que permitan rastrear el origen de la madera para evitar que la madera ilegal ingrese al mercado legal.
Incrementar las sanciones para los delitos forestales. Es necesario aumentar las sanciones para los delitos forestales para disuadir a los traficantes.
Detrás de las actividades ilícitas más notorias que se realizan en nuestro país también hay algunas que atentan contra la naturaleza y la flora y fauna de nuestros territorios. Aunque no es tan conocido, el tráfico ilegal de madera genera rentas inmensas y hace parte de las dinámicas de nuestro conflicto armado.
El combate al comercio ilegal de madera es un desafío complejo, pero es necesario tomar medidas para proteger el medio ambiente y la seguridad pública. Las soluciones propuestas anteriormente pueden ayudar a reducir el problema, pero es necesario que se implementen de manera efectiva.
A continuación, se presentan algunas acciones concretas que pueden tomarse para combatir el comercio ilegal de madera:
Los gobiernos deben aumentar los recursos destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de madera. Esto incluye la contratación de personal especializado, el suministro de equipos y la mejora de la infraestructura.
Las empresas deben adoptar medidas para garantizar que la madera que utilizan proviene de fuentes legales. Esto puede hacerse mediante la implementación de sistemas de gestión de la cadena de suministro responsables.
Los consumidores deben exigir productos de madera que hayan sido certificados como legales. Esto puede ayudar a crear una demanda de madera legal y a reducir la demanda de madera ilegal.
La cooperación entre todos los actores involucrados es esencial para combatir el comercio ilegal de madera.
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Un paralelo entre el caso del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y el del exmandatario de Estados Unidos Donald Trump. Estas fueron las semejanzas.
Donald Trump y Álvaro Uribe Vélez fueron dos expresidentes que tuvieron trayectorias políticas muy diferentes, pero que compartieron un mismo desafío: enfrentar la violencia y el terrorismo en sus países. Ambos se presentaron como líderes fuertes y decididos, dispuestos a combatir a sus enemigos con mano dura y sin concesiones. Sin embargo, sus acciones tuvieron consecuencias que no siempre fueron positivas para la paz y los derechos humanos.
Donald Trump fue el 45º presidente de los Estados Unidos, elegido en 2016 con el lema "Make America Great Again". Su gobierno se caracterizó por una política exterior agresiva, que incluyó el retiro del acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el apoyo a la oposición venezolana. Trump también impulsó una política migratoria restrictiva, que implicó la construcción de un muro en la frontera con México, la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países musulmanes y la separación de familias de indocumentados. Además, Trump negó el cambio climático, se retiró del Acuerdo de París y desestimó la pandemia del COVID-19, lo que provocó más de 400 mil muertes en su país. Trump fue acusado de abuso de poder, obstrucción al Congreso, incitación a la insurrección y fraude electoral, lo que le valió dos juicios políticos y una derrota en las elecciones de 2020. ¹²³
Álvaro Uribe fue el 31º presidente de Colombia, elegido en 2002y reelegido en 2006 con el lema "Mano firme, corazón grande".
Su gobierno se enfocó en la lucha contra las guerrillas de las FARC y el ELN, con el apoyo financiero y militar de los Estados Unidos a través del Plan Colombia. Uribe también lideró un proceso de desmovilización de los paramilitares de las AUC, que fueron responsables de miles de crímenes contra la población civil. Uribe logró reducir los índices de secuestro, homicidio y extorsión, así como recuperar el control territorial del Estado.
Mauricio Santoyo, el General más cercano a Uribe suministró apoyo y recursos materiales a los paramilitares entre el 31 de Octubre de 2001 y el 28 de Noviembre del 2008, https://bit.ly/3KuuuHD
Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, como los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros), las interceptaciones ilegales del DAS (departamento de inteligencia) y los escándalos de corrupción y parapolítica (vínculos entre políticos y paramilitares). Uribe fue acusado de fraude procesal y soborno, lo que le significó una orden de detención domiciliaria por parte de la Corte Suprema de Justicia.⁴⁵⁶
ONU amplia mandato de las misión de las Naciones Unidas
¿Qué hubiera pasado si estos dos expresidentes hubieran seguido el consejo de Ralph Marston: "Busque cómo puede hacer más bondad en el mundo y actúe de acuerdo con lo que encuentre"? Tal vez habrían optado por una política más dialogante y respetuosa, que buscara soluciones pacíficas y duraderas a los conflictos internos e internacionales. Tal vez habrían priorizado la protección del medio ambiente, la salud pública y los derechos humanos sobre sus intereses personales o partidistas. Tal vez habrían reconocido sus errores y pedido perdón a las víctimas de sus acciones. Tal vez habrían dejado un legado más positivo para sus países y para el mundo.
Cuatro encuentros entre Uribe, Odebrecht y el pagador de sobornos, https://bit.ly/3DJEuc9
Los expresidentes Donald Trump y Álvaro Uribe Vélez se relacionan con la violencia en sus países de diferentes maneras, según sus contextos históricos y políticos.
A continuación, se presentan algunos aspectos de esta relación:
- Donald Trump enfrentó la violencia generada por el terrorismo internacional, especialmente el de origen islámico, que afectó a los Estados Unidos y a sus aliados. Su respuesta fue una política exterior beligerante, que implicó el uso de la fuerza militar, las sanciones económicas y las medidas diplomáticas para debilitar a sus adversarios. Sin embargo, esta política también generó más tensión y conflicto en el mundo, así como el rechazo de la comunidad internacional y de parte de la sociedad estadounidense.
Que podría pasar con las 6 principales batallas legales del Expresidente de EE.UU? https://bbc.in/45iTzwT
- Álvaro Uribe enfrentó la violencia generada por el conflicto armado interno, que involucró a las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Su respuesta fue una política de seguridad democrática, que buscó recuperar el orden público y la confianza ciudadana mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, esta política también tuvo un alto costo en términos de derechos humanos, corrupción y polarización política.
La reunión misteriosa de Tomás Uribe, Odebrecht y los Nule en Panamá, https://bit.ly/3Ksh8LX
Ambos expresidentes tuvieron un papel importante en la lucha contra la violencia en sus países, pero también fueron cuestionados por sus métodos y sus consecuencias.Sus legados son controvertidos y siguen generando debate y división entre sus seguidores y detractores.
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Ovalie, la Vaca Salers que se convierte en el rostro del Salón Agrícola Internacional de París
Descubre también a Michel y Marine Van Simmertier, criadores de Salers, quienes crían Vacas en la ciudad de Saint-Alyre-és-Montagne en Puy-de-Dôme, en la famosa meseta de Cézallier.
La esperanza es la Exhibición de la Biodiversidad Agricola Latinoamericana
En menos de medio siglo, las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces sufrieron una disminución promedio del 68% debido a la destrucción ambiental por las actividades humanas. En AméricaLatina el resultado es aún más impactante: la reducción en promedio fue del 94% y las principales amenazas son la alteración de bosques, humedales, pastizales y sabanas, la sobre explotación de especies, el cambio climático, la introducción de especies exóticas y
los laboratorios de procesamiento de alcaloides.
Búsqueda Web: ·Un plan de choque para garantizar el suministro global de alimentos | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, http://bit.ly/3RvyOsr ·Objetivos de Desarrollo Sostenible | Naciones Unidas | Poner fin al hambre, http://bit.ly/3ldcuYf ·Medio Ambiente * Prevención | 100% Seguro | Latino América, la Región con mayor Reducción de Biodiversidad en el Mundo, http://bit.ly/3JLT1Zf
Twitter:
· Sabor de Colombia | Rigoberto Urán | Ministerio de Agricultura, http://bit.ly/3Y4XKcG
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La Comisión de la Verdad encontró que la prohibición de las drogas generó una guerra dentro del gran conflicto armado. Pero, ¿cómo podemos garantizar la no repetición si seguimos en la prohibición?
El Acuerdo Final de Paz hizo algo inédito en el mundo: incluir un capítulo sobre la principal economía ilícita que financió la guerra e incorporar dentro del mandato de la Comisión de la Verdad (CEV) la labor de desentrañar las complejas verdades detrás del nexo entre narcotráfico, conflicto armado y sociedad colombiana.
Acto público de presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad
No es usual que un proceso de paz y de justicia transicional hable de una economía ilícita, pero en un conflicto como el colombiano la cocaína fue protagonista de la guerra.
La tarea de esclarecer la verdad sobre el conflicto armado implicaba no solo develar lo ocurrido con los ejércitos que libraron la guerra sino también de las economías que los financiaron, así como quienes la propiciaron y se beneficiaron de la misma.
Es claro que la economía de la cocaína potenció la capacidad de actores armados y que el narcotráfico, como modelo criminal de acumulación de riqueza y poder a través de la violencia, degradó la guerra y frenó procesos democráticos. Este es uno de los principales hallazgos de la CEV.
Pero en cambio no es tan evidente, al menos para los sectores que defienden la ‘lucha contra las drogas’, que las políticas desplegadas gobierno tras gobierno para enfrentar a capos, narcos, paramilitares y guerrillas fueron también fuente de violencia. Ese es el otro principal hallazgo de la CEV: la política de drogas en Colombia creó una guerra dentro de la gran guerra.
Lea: En lo profundo de Colombia, una nueva generación de combatientes se enfrenta por lo mismo: el control del tráfico de drogas, https://nyti.ms/3opwTIh
De los hallazgos, la CEV emitió dos recomendaciones gruesas: transitar a la regulación y reformar la política internacional de drogas. Cada recomendación suscita una pregunta, por ejemplo, en el tránsito a la regulación, ¿Cómo transformamos la política actual de drogas, con el peso de 50 años de su inercia? De otra parte, si se trata de reformar la política internacional a través de la regulación, ¿qué debemos hacer frente a las poblaciones afectadas por el legado de esa guerra contra las drogas?
Para la primera pregunta, algunas de las respuestas están en el detalle de las recomendaciones, y se encuentran en sintonía con lo que organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones de reforma a la política de drogas, comisiones asesoras, y academia han dicho por años: hay reformas posibles aun dentro de las limitaciones de la prohibición. Por ejemplo, se debe reducir el uso de la cárcel para cualquier delito de drogas, tenemos que renunciar definitivamente al uso del glifosato, y necesitamos cambiar los indicadores con los que medimos el supuesto ‘éxito’ de las políticas. Estas y muchas otras recomendaciones están contenidas en el capítulo que ya conocemos de la CEV, de manera que la tarea para el nuevo gobierno está claramente delimitada.
Pero el mero tránsito a una regulación es un tanto más incierto a la hora de medir el éxito. Si una fuente generadora de violencia es el enfoque prohibicionista y las políticas que lo aterrizaron en Colombia, la solución es regular las drogas, como recomienda la CEV. Pero la regulación no depende solo de nuestros procesos en el país. Al ser la prohibición actual una aplicación del sistema internacional de fiscalización de las Naciones Unidas, dependemos de factores por fuera de nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar es el liderazgo diplomático para establecer de nuevo diálogos sobre la necesidad de reformar el sistema. No sabemos cuánto durará el tránsito, pero si hay un país con autoridad para poner este tema en la escena internacional, es Colombia, ahora con el respaldo de las recomendaciones de la CEV.
Frente a la segunda pregunta (¿Cómo reparamos las poblaciones afectadas por la guerra contra las drogas?), el capítulo deja más interrogantes que respuestas. Las personas y comunidades que han sido afectadas por la guerra contra las drogas no han sido reconocidas como víctimas por el Estado colombiano. Ni siquiera quienes perdieron sus medios de ingreso, vieron su salud afectada o fueron desplazados por el glifosato tuvieron un acceso efectivo a la justicia, pues como demostró la investigadora Kristina Lyons, el 97% de las quejas tramitadas ante la Policía por afectaciones por las aspersiones fueron desestimadas. Estos, entre muchos otros patrones de victimización y violación a los derechos humanos, fueron directa consecuencia de las políticas de drogas aplicadas en nombre de vencer a la insurgencia y sus fuentes de financiación. Sin embargo, todavía no han sido consideradas víctimas ni siquiera las poblaciones directamente afectadas.
Lea: El daño que nos hacen: glifosato y guerra en Caquetá
¿Por qué hablar de memoria histórica sobre los daños provocados por las aspersiones aéreas de glifosato desplegadas por el Estado colombiano? Si la coca fue la gasolina del conflicto, la política de drogas fue la catalizadora de la violencia del Estado en los territorios cocaleros de Caquetá.
Pero sobre esto, la CEV presenta una recomendación bastante amplia. En sus recomendaciones se hace un llamado a “crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios” sobre los impactos de la prohibición. Parte de este ejercicio fue lo que sucedió y se esperaba fuera acogido en el mandato de la CEV. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Reproductivos y la Universidad del Valle, así como Dejusticia junto a Fensuagro, hicieron llegar a la Comisión relatos, testimonios e informes sobre los patrones de victimización y los posibles caminos de reparación y no repetición. La expectativa era que en el proceso de la CEV se tuvieran en cuenta los testimonios, y que en consecuencia hubiera un pronunciamiento sobre posibles victimizaciones y posibles mecanismos de reparación.
Reforma a la Política de Drogas en la Agenda de Desarrollo Sostenible
"Cada país debe identificar las vías de regulación que se adapten a su contexto nacional particular y sus limitaciones en función de sus marcos institucionales, sociales y culturales. Las economías de bajos y medianos ingresos o las instituciones frágiles no deben considerarse obstáculos para explorar la regulación. Al reducir los efectos corrosivos del comercio ilegal, la regulación de los mercados de drogas puede fomentar el desarrollo y crear un espacio para el fortalecimiento de las instituciones."
“Hay que legalizar todas las drogas durante los últimos 30 años [la guerra contra las drogas] ha crecido, crecido y crecido, cada día con más problemas, más violencia y más militarización. Esto no ha hecho que las personas se libren de las drogas”. Jorge Batlle, Ex Presidente de Uruguay, 2001
Pero esta recomendación nos devuelve a un punto de inicio, al 2017. Es cierto que hablar de reparaciones a la guerra contra las drogas tiene implicaciones enormes, sea en un contexto de cierre a la guerra contra las drogas, o en un escenario de proceso regulatorio de las drogas. Estaríamos hablando de la ampliación del universo de víctimas y del reto de determinar responsables y perpetradores. Este no es solo un dilema colombiano: las jurisdicciones y países que avanzan en la regulación del cannabis, por ejemplo, se están haciendo la misma pregunta: ¿cómo transitamos a la regulación y mientras tanto reconocemos el daño causado y buscamos maneras directas o indirectas de repararlo?
Juan Manuel Galán y su idea de legalizar todas las drogas en Colombia
Por lo pronto, el informe de la CEV es un punto de partida. Con lo que nos dice la Comisión podemos empezar a fortalecer el consenso sobre los daños que le ha dejado la prohibición al país y construir el ambiente político para el proceso regulatorio. En ese proceso, no podemos dejar de lado acciones para atender las consecuencias de la guerra contra las drogas. Debemos seguir impulsando el reconocimiento y la visibilización de lo que se hizo bajo el pretexto de eliminar una planta.
“Mire, socio, le advierto una cosa”, cantaban los comandos al ritmo de una canción popular, “cien de ustedes haremos pedazos”
Traducción Compendio y Edición | Translation, Compendium, and Edition
Luis Galo Chiriboga | Creador Digital. EscritorIndependiente. | Digital Creator. FreelanceWriter.
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